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FUENTE: OMPI
El Convenio se funda en
tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan
la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones
especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas.
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Co Administrado con la
UNESCO
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1) Los tres
principios básicos son los siguientes:
 principio del
“trato nacional” Las obras originarias de uno de los Estados
contratantes (es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese Estado o que
se publicaron por primera vez en él) deberán ser objeto, en todos y cada uno
de los demás Estados contratantes, de la misma protección que conceden a las
obras de sus propios nacionales
[1]
principio de la
protección “automática” Dicha protección no deberá estar subordinada al
cumplimiento de formalidad alguna[2]
principio de la
“independencia” de la protección Dicha protección es independiente de la
existencia de protección en el país de origen de la obra. Sin embargo, si un
Estado contratante prevé un plazo más largo que el mínimo prescrito por el
Convenio, y cesa la protección de la obra en el país de origen, la
protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen[3]
2) Las
condiciones mínimas de protección se refieren a las obras y
los derechos que han de protegerse, y a la duración de la protección:
En lo que hace a
las obras, la protección deberá extenderse a “todas las producciones
en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o
forma de expresión” (Artículo 2.1) del Convenio).
Con sujeción a
ciertas reservas, limitaciones o excepciones permitidas, los siguientes son
algunos de los derechos que deberán reconocerse como derechos
exclusivos de autorización:
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el derecho de
traducir, |
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el derecho de
realizar adaptaciones y arreglos de la obra, |
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el derecho de
representar y ejecutar en público las obras dramáticas,
dramático-musicales y musicales, |
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el derecho de
recitar en público las obras literarias, |
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el derecho de
transmitir al público la recitación de dichas obras, |
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el derecho de
radiodifundir (los Estados contratantes cuentan con la posibilidad de
prever un simple derecho a una remuneración equitativa, en lugar de un
derecho de autorización), |
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el derecho de
realizar una reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier
forma (los Estados contratantes podrán permitir, en determinados casos
especiales, la reproducción sin autorización, con tal que esa
reproducción no atente contra la explotación normal de la obra ni
cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor;
y, en el caso de grabaciones sonoras de obras musicales, los Estados
contratantes podrán prever el derecho a una remuneración equitativa),
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el derecho de
utilizar la obra como base para una obra audiovisual, y el derecho de
reproducir, distribuir, interpretar o ejecutar en público o comunicar
al público esa obra audiovisual[4] |
Asimismo, el
Convenio prevé “derechos morales”, es decir, el derecho de reivindicar
la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación,
mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la
misma que cause perjuicio al honor o la reputación del autor. |
Por lo que
respecta a la duración de la protección, el principio general es que
deberá concederse la protección hasta la expiración del 50º año después de
la muerte del autor. Sin embargo, existen excepciones a este principio
general. En el caso de obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección
expirará 50 años después de que la obra haya sido lícitamente hecha
accesible al público, excepto cuando el seudónimo no deja dudas sobre la
identidad del autor o si el autor revela su identidad durante ese período;
en este último caso, se aplicará el principio general. En el caso de las
obras audiovisuales (cinematográficas), el plazo mínimo de protección es de
50 años después de que la obra haya sido hecha accesible al público
(“exhibida”) o – si tal hecho no ocurre – desde la realización de la obra.
En el caso de las obras de arte aplicada y las obras fotográficas, el plazo
mínimo es de 25 años contados desde la realización de dicha obra[5]
3) Los países considerados
países en desarrollo de conformidad con la
práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas podrán,
para ciertas obras y en ciertas condiciones, apartarse de esas condiciones
mínimas de protección en lo que respecta
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al derecho de
traducción y
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el de
reproducción. |
La Unión de Berna cuenta
con una Asamblea y un Comité Ejecutivo. Todos los países miembros de la Unión
que se hayan adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y las
cláusulas finales del Acta de Estocolmo son miembros de la Asamblea. Los
miembros del Comité Ejecutivo se eligen entre los miembros de la Unión, a
excepción de Suiza, que es miembro ex officio.
Corresponde a la Asamblea
la tarea de establecer el programa y presupuesto bienal de la Secretaría de la
OMPI, en lo que concierne a la Unión de Berna.
El Convenio de Berna,
adoptado en 1886, se revisó en París en 1896 y en Berlín en 1908, se completó
en Berna en 1914, se revisó en Roma en 1928, en Bruselas en 1948, en Estocolmo
en 1967 y en París en 1971, y se enmendó en 1979.
El Convenio está abierto a
todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben
depositarse en poder del Director General de la OMPI
[6]
[7]
Estados miembro de la Asamblea:
(146) Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina,
Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados,
Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana,
Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African
Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo,
Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador,
Equatorial Guinea, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia,
Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel,
Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho,
Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi,
Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco,
Namibia, Netherlands, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama,
Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea,
Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis,
Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Singapore, Slovakia,
Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden,
Switzerland, Tajikistan, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia,
Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom,
United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Venezuela,
Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe
Países Miembro que no forman parte de la Asamblea Lebanon, Madagascar, New Zealand (3).
Comité
Ejecutivo: Algeria, Cameroon, Canada, Chile, Costa Rica, Cuba, Denmark, Ecuador, Finland, France, Ghana,
Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar,
Malaysia, Mexico, Netherlands,
Norway, Romania, Singapore, Sri
Lanka, Switzerland (ex officio),
Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Venezuela, Zambia (37).
NOTAS:
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