El Convenio se aplica a la
propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes,
las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una
especie de “pequeña patente” establecida en las leyes de algunos países), los
nombres comerciales (la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad
industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia
desleal.
Las disposiciones
fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales:
trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.
En
virtud de las disposiciones sobre trato nacional,
el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad
industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de
los demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios
nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los
Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan
establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado
contratante.
En
el Convenio se establece el derecho de prioridad
en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas y
dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de
una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca
regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante
podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las patentes y los
modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y modelos industriales y las
marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados
contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas
el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes
posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión “derecho de prioridad”)
sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados
plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo
industrial. Además, estas solicitudes posteriores, como están basadas en la
primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar
en el intervalo, como cualquier publicación de la invención, o venta de
artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o
modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición
reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está
obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone
de seis o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para
organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar
para asegurarse la protección.
En
el Convenio se estipulan además algunas normas comunes
a las que deben atenerse todos los demás Estados contratantes. Las más
importantes son las siguientes:
En relación con
las patentes: Las patentes concedidas en los
diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes
entre sí: la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los
demás a conceder una patente; una patente no podrá ser denegada, anulada, ni
considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido
denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro.
El inventor tiene derecho
a ser mencionado como tal en la patente.
Una solicitud de patente
no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de
que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un
procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones
resultantes de la legislación nacional.
Todo Estado contratante
que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no
voluntarias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del
derecho exclusivo conferido por la patente, podrá hacerlo únicamente dentro de
ciertos límites. Así pues, sólo se podrá conceder una licencia no voluntaria
(licencia que no concede el propietario de la patente, sino la autoridad
oficial del Estado de que se trate), basada en la falta de explotación de la
invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres
o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la
invención patentada, y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la
patente justifica su inacción con razones legítimas. Además, la caducidad de
la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de
licencias obligatorias no bastara para impedir los abusos. En este último
caso, se podrá entablar una acción de caducidad o renovación de la patente,
pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la
primera licencia obligatoria.
En relación con
las marcas: Las condiciones de presentación y
registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por el derecho
interno. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de
una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá
invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada,
registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de
una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las
marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de
origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca
en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás.
Cuando una marca ha sido
debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su
depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así
se solicita. Ello no obstante, se podrá denegar el registro en casos bien
definidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros,
cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral
o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.
Si en un Estado
contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el
registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el
interesado no justifica las causas de su inacción.
Cada Estado contratante
está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que
constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear
confusión, de una marca que la autoridad competente de ese Estado estimara que
es notoriamente conocida en ese Estado como marca de una persona que pueda
beneficiarse del Convenio y marca utilizada para productos idénticos o
similares.
Los Estados contratantes
deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que
contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y
punzones oficiales, siempre que éstos les hayan sido comunicados por mediación
de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a
los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de
ciertas organizaciones intergubernamentales.
Las marcas colectivas
deben estar protegidas.
En relación con
los dibujos y modelos industriales: los dibujos o
modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados
contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los
productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese
Estado.
En relación con
los nombres comerciales: los nombres comerciales
estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de
depósito o de registro.
En relación con
las indicaciones de procedencia: todos los
Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa
o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto
o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.
En relación con la
competencia desleal: los Estados contratantes
están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia
desleal.
La Unión de
París, instituida por el Convenio, posee una Asamblea y un
Comité Ejecutivo. Es miembro de la Asamblea todo Estado miembro de la Unión
que se haya adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y a las
cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). Los miembros del Comité
Ejecutivo son elegidos entre los miembros de la Unión, excepto en el caso de
Suiza, que es miembro ex officio.
Corresponde a la Asamblea
el establecimiento del programa y presupuesto bienal de la Oficina
Internacional, en lo que respecta a la Unión de París.
El Convenio de París,
concertado en 1883, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en
1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo
en 1967 y enmendado en 1979.
El Convenio está abierto a
todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben
depositarse en poder del Director General de la OMPI.
Acuerdo sobre los ADPIC
Cabe observar que los Miembros de la OMC, aun cuando no sean parte en el
Convenio de París
(por ejemplo, la India
y Pakistán), deben cumplir con las disposiciones sustantivas del Convenio de
París (véase el Acuerdo sobre los ADPIC,
Artículo 2.1). No obstante, los países
en desarrollo y “en transición” podrán diferir, por lo menos hasta el año
2000, la aplicación de muchas de las disposiciones previstas en el Acuerdo
sobre los ADPIC (Artículo 65). Naturalmente, los Estados parte en el Convenio
de París no pueden diferir la aplicación de sus obligaciones previstas en el
Convenio de París.
El Acuerdo sobre
los ADPIC también menciona la “información no divulgada” (denominada
comúnmente “secretos comerciales”) y los “esquemas de trazado (topografías) de
circuitos integrados” entre los objetos de derechos de propiedad intelectual.
En virtud de Acuerdo sobre los ADPIC,
los principios
del trato nacional y del derecho de prioridad también obligan
a los Estados miembros que no son parte en el Convenio de París. Además, el
Acuerdo sobre los ADPIC impone la obligación del “trato de la nación más
favorecida”, en virtud del cual las ventajas concedidas por un Miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país también deben concederse a los
nacionales de todos los Miembros de la OMC. Cabe observar que la posibilidad
de aplicación diferida del Acuerdo sobre los ADPIC antes mencionada no es
aplicable a las obligaciones de trato nacional y de trato de la nación más
favorecida.
En el campo de
las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones
adicionales relativas, entre otras cosas, al plazo mínimo de protección, a la
protección para productos y procedimientos, al objeto patentable, a las
exclusiones permitidas de la protección, a los derechos exclusivos mínimos, a
la protección contra ciertos tipos de discriminación, a la protección de las
obtenciones vegetales por patentes o por un sistema sui generis, directrices
para las licencias obligatorias, y ciertas formas de prueba de infracción.
En el campo de
las marcas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones
adicionales, en particular respecto de los tipos de signos que pueden elegirse
para protección, el registro de marcas de servicio, los derechos mínimos en
virtud de un registro, y protección adicional para las marcas notoriamente
conocidas.
En el campo de
los dibujos y modelos industriales, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene
obligaciones adicionales relativas a las normas mínimas de protección, al
plazo mínimo de protección, a los derechos exclusivos mínimos, y seguridades
de que los procedimientos para la protección de los diseños textiles no son
indebidamente gravosos.
En el campo de
las indicaciones geográficas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene
obligaciones adicionales relativas a la prevención de la utilización de
indicaciones que confundan al consumidor sobre el origen de los productos, la
prevención de usos que constituyan actos de competencia desleal, altos niveles
de protección para vinos y alcoholes, y negociaciones futuras relativas a un
posible sistema de registro multilateral.
Los circuitos integrados no se
mencionan en el Convenio de París, pero el Acuerdo sobre los ADPIC exige que
se prevea protección para los esquemas de trazado (topografías) de circuitos
integrados, de conformidad con la mayoría de las disposiciones del
Tratado de
la OMPI sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados,
adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989 (aún no está en vigor).
El Acuerdo sobre
los ADPIC complementa las disposiciones sobre competencia desleal del
Convenio de París exigiendo prohibiciones adicionales, con el objetivo de
asegurar tal protección, sobre el uso por terceros en una manera contraria a
las prácticas comerciales honestas de información no divulgada que se mantenga
secreta y que posea valor comercial debido a su carácter secreto, y de pruebas
de verificación sometidas a los gobiernos como condición para obtener la
aprobación de comercialización de ciertos productos químicos farmacéuticos y
agrícolas.
En el campo de
la administración, el Acuerdo sobre los ADPIC añade obligaciones generales
relativas a los procedimientos para adquirir o mantener derechos de propiedad
intelectual y para asegurar que no obstaculicen la protección exigida por el
Acuerdo dificultades de procedimiento innecesarias.
El Acuerdo sobre
los ADPIC prevé obligaciones para asegurar que los titulares de los derechos
puedan ejercer los derechos de propiedad intelectual en manera efectiva, y que
los procedimientos de ejercicio de los derechos no creen obstáculos al
comercio legítimo. Ello incluye la obligación de disponer de ciertos recursos,
incluyendo mandamientos, indemnizaciones, embargo y medidas provisionales, que
las autoridades encargadas de la aplicación reúnan ciertos requisitos, y que
se establezcan medidas en frontera y sanciones penales para la falsificación
de marcas y la piratería en materia de derecho de autor.
Estados miembro y parte de Asamblea: Albania, Algeria, Antigua and Barbuda,
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain,
Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia
and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia,
Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Congo,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic
People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti,
Dominica, Ecuador , Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Finland,
France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland,
India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Italy,
Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic
Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya,
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta,
Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal,
Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Norway, Oman, Panama, Papua New
Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea,
Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis,
Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and
Principe, Senegal, Seychelles (as from November 7, 2002), Sierra Leone,
Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname,
Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, The former Yugoslav Republic of
Macedonia, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan,
Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of
Tanzania, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam,
Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe (161).
Estados miembros (no parte de la
Asamblea): Dominican Republic, Nigeria, Syrian Arab Republic
(3).
Comité Ejecutivo: Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan,
Bangladesh, Belgium, Brazil, Bulgaria,
China, Colombia, Côte d’Ivoire, Democratic People’s Republic of Korea,
Democratic Republic of the Congo, Egypt, Germany, Greece, Guatemala, Iceland,
India, Iran (Islamic Republic of), Italy, Japan, Latvia, Morocco,
Nepal, Nigeria, Panama, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, Senegal, South Africa,
Spain, Sweden, Switzerland (ex
officio), Turkey, Uganda, United States of America (40).
